Mujeres Que Transforman es una plataforma que busca visibilizar los emprendimientos que realizan las mujeres en el Perú, así como las problemáticas y desafíos al que se enfrentan día tras día.

Política de acoso: una mirada a la realidad que enfrentan las mujeres en cargos de gobierno

La congresista Marisa Glave es fotografiada tomando sol en una playa y la imagen es difundida por un medio de comunicación, vulnerando su intimidad. La parlamentaria, Paloma Noceda, denuncia haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un colega de su propia bancada, la fujimorista. Son dos casos, los más recientes y más mediáticos de acoso político hacia la mujer. Pero no son los únicos. ¿Qué hacer para incluir a más mujeres en política y erradicar la violencia de la que son víctimas?

En las elecciones del 2014: tres de cada diez mujeres candidatas a gobiernos regionales sufrieron acoso político durante su campaña, según la ONG Flora Tristán. La violencia se traducía en difamación de índole sexual, patrimonial o intelectual; interceptación de sus comunicaciones; violencia psicológica y física; o ya elegidas, las inducían al error administrativo para lograr su revocatoria.

El acoso hacia la mujer en la política peruana es tan común, cotidiano y rutinario, como desayunar viendo las espantosas noticias del día a día. Es una agresión normalizada. “El acoso político contra las mujeres es una acción orientada a romper su derecho a ejercer en la vida política”, explica Pilar Tello Rozas, responsable de la Oficina de Género para América Latina de IDEA Internacional.

Para tener una definición global, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), definió al acoso político contra las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto menoscabar, limitar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos. ¿Quiénes acosan? Habitualmente hombres, o incluso mujeres y asesores del entorno de confianza de la mujer política.

“El acoso político contra las mujeres también se ve en cosas cotidianas – añade Tello Rozas- como cuando no se les da la palabra en los debates, o cuando se burlan de lo que dicen o se generan reuniones de trabajo donde se toman importantes decisiones y no se les convoca porque las ignoran. El acoso incrementa si es que la mujer es de provincia, de zonas vulnerables y de origen andino”.

Sociedad machista

Otro estudio sobre acoso político hacia las mujeres en el Perú, realizado por Flora Tristan, Calandria y Diakonia en el año 2012, revela las condiciones de violencia en la que ellas deben navegar: dos de cada cinco mujeres autoridades de gobiernos locales y regionales han sufrido acoso político.

En tanto, el Jurando Nacional de Elecciones del Perú, en el 2014, afirmó que es en provincias donde más se da este tipo de agresiones a candidatas, alcaldesas o gobernadoras. En Apurímac el 100% de las candidatas en las elecciones regionales y municipales sufrieron acoso político. En Cusco el 89%, en Puno, el 86%, en Huancavelica el 60%. Mientras que, en Amazonas el 55%, y en San Martín y La Libertad el 50%, respectivamente. Aún no hay cifras que revelen la realidad de las últimas elecciones, sin embargo la tendencia no debió variar.

“Nuestras sociedades, no solo la peruana sino también la latinoamericana, ha sido construida con una mirada muy machista y por eso se dan este tipo de actitudes contra las mujeres. Se suele creer que los hombres son los que tienen el dominio de poder, de ideas y las mujeres tienen que ser más sumisas. Eso está cambiando pero aún nos quedan estos rasgos machistas que buscan poner a la mujer en un espacio de subordinación”, afirma Tello.

Reflejo de lo que somos

El acoso político hacia la mujer es un espejo de lo que sucede en la realidad peruana, donde la violencia contra ellas se traduce en agresiones o feminicidios. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 2016, el 32% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, el 64% de una forma de violencia psicológica y/o verbal y el 60% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación.

A nivel regional el problema es similar. En noviembre del 2018, la ONU denunció que en América Latina las mujeres ocupan el 27,3 % de los puestos locales como miembros municipales o concejalas, un aumento del 6,5% durante los últimos 10 años. “No obstante, el camino no ha sido fácil para las mujeres que se dedican a la política en América Latina. El acoso, las amenazas e incluso la muerte han hecho que esta carrera profesional sea una opción arriesgada”, señala el organismo internacional.

La ONU en su informe Sexismo, hostigamiento y violencia contra las mujeres parlamentarias, realizado en 39 países de cinco regiones y 42 parlamentos, dio cifras de terror: el 81 % de las mujeres había sufrido violencia psicológica; el 46% tenía miedo por su seguridad y la de su familia; el 44% había recibido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro; el 25% había sufrido violencia física en el parlamento.

Bolivia, el pionero

Un ejemplo: En 2012, en Bolivia fueron asesinadas las concejalas Juana Quispe y luego a Daguimar Rivera Ortiz. Quispe había presentado denuncias por acoso y estaba promoviendo una ley para proteger a las mujeres políticas contra la violencia. Luego de sus muertes, en el país altiplánico se impulsó la histórica ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres (Ley 243). Fue la primera de este tipo en el mundo. Países como Costa Rica, Ecuador, México y Perú han abierto espacios para discutir leyes contra el acoso y la violencia política. Pero aún están –estamos- verdes.

En tanto, ¿Qué hacer? En Perú, impulsar iniciativas como la ley que busca prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres (Proyecto de Ley Nº 673). La bancada mayoritaria no ha hecho mucho por darle luz verde.

Asimismo, existe un anteproyecto de Código Electoral, del JNE, que reconoce la paridad y alternancia, y sobre el acoso político a las mujeres propone una sanción de 20 UIT en caso de que una candidata reciba amenazas, agresiones o la divulgación de información que menoscabe su dignidad. También está la iniciativa de Ley Nº 1751, de la congresista Patricia Donayre que tiene una propuesta similar.

“Paridad, alternancia, igualdad de oportunidades y erradicación del acoso político y mayor participación de nosotras en la vida política son retos pendientes”, sentencia Tello. Y las cifras respaldan su opinión: en el Congreso, el 27% son parlamentarias. En alcaldías distritales y provinciales, solo son el 5% y tienen un 0% como gobernadoras. Una mayor participación de la mujer en la política es otra tarea pendiente. No acosarlas, también. Iniciativas e intenciones hay. La pregunta es ¿cuándo prosperarán?

Escribe: David Gavidia